Today’s newspaper | They arrested three of the four detainees who escaped from the police station

Los recapturados fueron identificados como José Armando Olazar, Diego Nicolás Blanco y Guillermo Agüero. En tanto, Blas Antonio Lesme Arriola (alias Rubio) continúa con paradero desconocido. Todos cuentan con frondosos antecedentes penales.

Según los datos, Olazar estaba detenido por hurto agravado, robo y coacción grave; Agüero por hurto y violencia familiar; Blanco por microtráfico, reducción, robo, hurto agravado y orden de remisión; y Lesme por reducción, robo agravado, hurto agravado y tenencia de estupefacientes.

Cabe mencionar que los detenidos lograron escapar esta madrugada luego de cortar uno de los barrotes del calabazo de la citada dependencia policial. Los mismos aguardaban ser derivados a alguna penitenciaría del país.

“No tenemos relación con Ghana ni con países circundantes, hemos solicitado la cooperación de la Cancillería brasileña, para que a través de su embajada en Uganda nos puedan representar para la repatriación de los restos”, explicó el vicecanciller Marcelo Scappini en comunicación con la 730 AM.

Recordó que además de la dificultad de carecer de representación diplomática en países africanos, se suman las trabas que de por sí trae la pandemia y la cantidad de escalas que de por sí debe hacer el avión.

El paraguayo de 32 años falleció esta madrugada en Ghana, luego de haber quedado en estado vegetativo. El hombre fue encontrado inconsciente el 12 de septiembre en la habitación del hotel donde se hospedaba.

Familiares solicitan ayuda para repatriarlo, pero a la vez exigen aclarar las circunstancias del fallecimiento del joven.

El viceministro de Políticas Sociales de la cartera de Desarrollo Social, Cayo Cáceres, indicó a Radio Nacional que se reunirá con su par del Ministerio del Interior, Daniel Centurión, para reforzar la cantidad de policías en el barrio San Francisco en Zeballos Cué y solicitará la presencia del Grupo Lince para mejorar los ánimos de las familias y sacar a los revoltosos.

“En el peor de los casos son 17 personas, no podemos dejar sin respaldo a la sociedad tranquila que vive ahí, que es la mayoría absoluta por culpa de algunos indecentes. El tema de la pobreza no es una justificación para que uno sea violento y las personas que no saben vivir en sociedad, que no saben respetar el derecho de los demás, que toman bebidas o son adictos y salen a armar disturbios tiene que actuar la Policía”, dijo.

Si bien se cuenta con una subcomisaría, el barrio requiere de mayor presencia de la Policía Nacional para garantizar el bienestar de los pobladores del barrio.

Así también, Cáceres comentó que conversan con el Ministerio de Salud Pública para habilitar el pabellón para adultos mayores y tratar el problema de adicciones para resolver todos los inconvenientes trabajan en forma interinstitucionales.

Mencionó que en el lugar hay oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, de Itaipú Binacional, del Poder Judicial que realiza mediaciones, pero los fines de semana cuando no están las instituciones, se llevan a cabo los disturbios en el barrio.

Agentes de Seguridad y Control del Instituto de Previsión Social (IPS) recibieron denuncias sobre la presencia de personas extrañas que se encargaban de vender medicamentos de manera irregular.

Los denunciados buscaban la forma de acercarse a los parientes que se encuentran en el albergue de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), a fin de intentar conseguir algún cliente potencial.

Varios de los medicamentos comercializados eran de uso exclusivo del IPS, aunque también había otro lote que correspondía a marcas de laboratorios privados, según la denuncia.

Las tres personas sindicadas como responsables de este negocio ilegal son Eduardo Fabián Florentín Aranda, Nancy Urbieta y Lilian Gómez. Ésta última llegó a ser expulsada del albergue ya que no tenía ningún familiar internado, siendo su única finalidad el vender los fármacos. Por su parte, Florentín fue sorprendido con los medicamentos en su vehículo en la noche de ayer.

El modus operandi sería que los denunciados pedían en calidad de donación los medicamentos no utilizados para posteriormente comercializarlos dentro del predio de la previsional, aprovechándose de las necesidades de los familiares.

Todos los antecedentes fueron remitidos a la Asesoría Jurídica del IPS para evaluar los hechos y ver la figura para la correspondiente denuncia ante la Fiscalía.